La Justicia rechazó el pedido de taxistas contra las apps en Mar del Plata pero exigió controles municipales

El Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata desestimó la medida cautelar solicitada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis para suspender el funcionamiento de Uber, Cabify y DiDi. Sin embargo, ordenó al municipio de General Pueyrredon controlar y fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza local que prohíbe el transporte mediante plataformas no habilitadas.

Después de meses de dilaciones judiciales y conflictos de competencia, el Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata resolvió la demanda presentada en abril por la Federación Nacional de Conductores de Taxis contra las aplicaciones Uber, Cabify y DiDi. La presentación apuntaba tanto al funcionamiento de las plataformas de transporte como a la presunta inacción del municipio para fiscalizar su actividad.

El fallo, firmado por los jueces María José Beldarrain, Cecilia Beatriz Bártoli y Alejandro Javier Escobar, rechazó la medida cautelar que buscaba la suspensión inmediata de las apps en el Partido de General Pueyrredon. No obstante, los magistrados ordenaron librar un oficio al gobierno de Guillermo Montenegro para que “arbitre los medios necesarios para fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza municipal 23.928”, que desde 2019 establece sanciones para quienes se desempeñen en el transporte de pasajeros mediante plataformas no habilitadas.

La resolución se conoció pocas semanas después de que la Suprema Corte bonaerense definiera que el Tribunal de Trabajo N°4 debía intervenir en la causa, zanjando la controversia sobre la competencia judicial. En sus fundamentos, la jueza Beldarrain sostuvo que la actividad denunciada no implica en sí misma una violación a la ley de asociaciones sindicales, eje central de la presentación gremial.

Además, el fallo argumenta que suspender de manera cautelar a las empresas de intermediación digital constituiría “una extensión injustificada” de la norma administrativa. Incluso se señaló que existen taxistas que utilizan estas aplicaciones como complemento para tomar viajes, lo que complejiza el reclamo gremial. “No puede aseverarse que todos los conductores que usan estas plataformas estén necesariamente en infracción a las regulaciones locales”, señalaron los jueces.

En paralelo, en el Concejo Deliberante de Mar del Plata permanecen sin tratamiento proyectos impulsados por el oficialismo para regularizar el funcionamiento de las aplicaciones. La última propuesta, presentada en enero de 2024, buscaba derogar el esquema de sanciones previsto en la ordenanza vigente, pero el expediente está paralizado desde diciembre pasado.

La resolución judicial marca un punto intermedio en el conflicto: los jueces rechazaron frenar las operaciones de Uber, Cabify y DiDi, pero pusieron el foco en la responsabilidad del municipio para hacer cumplir la normativa vigente. Mientras tanto, la discusión política sobre una eventual regulación de las plataformas permanece trabada en el Concejo Deliberante. La tensión entre el transporte tradicional y las aplicaciones digitales, lejos de resolverse, se mantiene como un problema abierto en Mar del Plata y en todo el país.