Mayans busca blindar al sistema nuclear argentino y advierte sobre la seguridad nacional

El senador José Mayans adelantó que el Congreso impulsará una declaración para consagrar al sistema nuclear como “bien público estratégico, no enajenable”, en rechazo a los planes de privatización del Ejecutivo. Especialistas en energía y seguridad nuclear advierten sobre los riesgos de perder soberanía tecnológica y control estatal en un área clave para el desarrollo y la defensa nacional.

La sesión del Senado de este jueves sumó un capítulo de alto voltaje político con la intervención del senador justicialista José Mayans, quien anunció que propondrá, junto a otros bloques, declarar al sistema nuclear argentino como “bien público estratégico, no enajenable”. La decisión busca frenar cualquier intento de privatización, luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni confirmara la voluntad del Ejecutivo de abrir al capital privado un sector considerado altamente sensible para la seguridad nacional.

“Lo que hace falta es que el Estado argentino controle por siempre el sistema nuclear, y aparte por el concepto de seguridad”, afirmó Mayans en el recinto. Con especial énfasis mencionó el proyecto Carem, el reactor modular diseñado íntegramente en el país, cuya importancia tecnológica comparó con secretos industriales de máxima reserva. “La Coca Cola no te vende su fórmula, imagínense lo que es el Carem”, señaló.

El programa nuclear argentino, encabezado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), se presenta como uno de los pilares del desarrollo científico nacional. El Carem, concebido a mediados de los 80 como el primer Small Modular Reactor (SMR) del mundo, representa no solo una apuesta a la autonomía energética, sino también un activo estratégico en el mercado global de tecnologías limpias y seguras.

La historia del proyecto muestra avances y retrocesos: parálisis en los 90, relanzamiento bajo Néstor Kirchner, diez años de impulso sostenido, y nuevas interrupciones durante la gestión de Mauricio Macri. Con Alberto Fernández se reanudó tras la pandemia, pero el actual gobierno de Javier Milei volvió a suspenderlo y dejó trascender su intención de desmantelarlo.

Consultado por este medio, el físico nuclear Jorge Sabato, investigador de la CNEA, consideró que “la pérdida del control estatal sobre el sistema nuclear sería gravísima no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo estratégico. La energía nuclear no es una empresa más: implica soberanía, defensa, seguridad y conocimiento de frontera”.

En la misma línea, la especialista en seguridad radiológica Marta Bonifatti advirtió que “la gestión privada no puede garantizar la misma rigurosidad en estándares de seguridad que impone el Estado. Un error en la operación nuclear no se mide en términos de rentabilidad, sino en vidas humanas y consecuencias irreversibles para el ambiente”.

El planteo de Mayans cosechó apoyos iniciales de distintos bloques opositores y abrió la posibilidad de un consenso parlamentario amplio. En paralelo, el Ejecutivo insiste en que la privatización busca “eficiencia y competitividad” en el sector energético, aunque evita pronunciarse sobre las advertencias en materia de seguridad.

El debate sobre el futuro del sistema nuclear argentino se ha convertido en un cruce estratégico entre dos modelos de país: el que privilegia la soberanía estatal en áreas sensibles y el que avanza en la liberalización de activos estratégicos. La iniciativa de Mayans promete abrir una pulseada de fondo en el Congreso, donde se decidirá si el sistema nuclear permanece bajo control exclusivo del Estado o si se habilita su apertura al capital privado. El desenlace marcará un precedente decisivo no solo para la política energética, sino también para la defensa de la soberanía tecnológica y la seguridad nacional.