El veto presidencial desata un paro y movilización de docentes universitarios

El veto presidencial a la ley de financiamiento universitario encendió todas las alarmas en el ámbito académico. Lo que hasta hace pocas horas era un temor, hoy se transformó en un hecho consumado: la decisión del Ejecutivo golpea de lleno a docentes, no docentes, investigadores y estudiantes, que advierten sobre un retroceso sin precedentes en materia de educación superior.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Edith Liquitay, referente de ADICUS, describió una jornada “álgida y dolorosa”, atravesada por reuniones permanentes entre gremios de todo el país. “Estábamos evaluando escenarios y lamentablemente se concretó el más grave: el veto. Esto activa de inmediato los mecanismos de organización y las alarmas sobre cómo seguir”, señaló.

Para Liquitay, la decisión oficial no sólo erosiona los presupuestos, sino que también hiere la base misma del sistema universitario: “Los docentes no llegamos a fin de mes y muchos se están yendo de las universidades. Eso es lo más cruel. Tampoco se actualizan las becas, ni los fondos para investigación, indispensables para el desarrollo nacional”.

La dirigente enfatizó que la universidad pública no es un gasto sino una inversión estratégica: “Se pone en riesgo la estabilidad laboral y también el futuro del país. La ciencia, la innovación y la formación de profesionales son pilares de una nación soberana. Este gobierno, con su veto, demuestra desprecio por todo eso”.

Del ajuste al plan de lucha

La respuesta gremial no tardó en organizarse. Según explicó Liquitay, ya se definió un paro nacional de docentes y no docentes para el viernes 12 de septiembre, acompañado de actividades de visibilización en todo el país: “Si hay veto, hay paro. Esa fue la decisión tomada en unidad. Vamos a estar acompañados por los estudiantes y la comunidad educativa, porque esto nos afecta a todos”.

Además, el frente gremial trabaja en la convocatoria a una nueva marcha federal en defensa de la universidad pública, que podría realizarse en torno al 16 de septiembre, fecha emblemática en la memoria educativa del país. “Sacaremos nuevamente a la universidad a la calle, como lo hicimos tantas veces. No nos queda otra que estar en pie de lucha”, anticipó.

La refenrente sindical cuestionó la ausencia de voluntad política por parte del Ejecutivo: “El gobierno recibió un mensaje muy claro en las urnas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof los convocó a dialogar y ellos rectificaron el rumbo, pero el veto a esta ley demuestra su verdadero camino: desprecio por la universidad pública y por los reclamos sociales”.

En ese sentido, denunció que la medida no es solo económica, sino también política: “Se trata de hacer oídos sordos. No se escucha ni a los trabajadores ni a los estudiantes. Es un gesto cruel hacia la educación, hacia la investigación y hacia la construcción de un país más justo”.

La voz de Edith Liquitay expresa el sentimiento de miles de trabajadores y estudiantes universitarios que ven amenazado su presente y su futuro. El veto presidencial, lejos de cerrar un debate, abre un conflicto que promete escalar en las próximas semanas. Con paros, marchas y movilización federal, la comunidad educativa vuelve a colocarse en el centro de la escena, recordando que la universidad pública no es un privilegio: es un derecho conquistado, hoy en riesgo.