Paro universitario en San Juan: alto nivel de adhesión y nuevas medidas en agenda

La semana de medidas de fuerza en San Juan mostró un nivel de acatamiento histórico. Edith Liquitay, referente gremial de ADICUS, desmintió los anuncios oficiales de aumentos y denunció la falta de financiamiento real para las universidades nacionales. Se avecinan nuevas instancias de conflicto con paros progresivos y una marcha federal.

El paro universitario convocado por CONADU Histórica tuvo en San Juan un nivel de adhesión inesperadamente alto. Según Edith Liquitay, las aulas vacías y los pasillos desiertos fueron el reflejo de un acatamiento que rondó entre el 90 y el 95% en distintas unidades académicas. No se trató de un gesto aislado, sino de una señal clara de hartazgo: hacía muchos años que no se registraba una medida de esta magnitud.

La dirigente sostuvo que el balance fue “altamente positivo” porque permitió visibilizar la profundidad de un conflicto que no recibe respuestas del Gobierno nacional, mientras la pérdida salarial acumulada ronda el 40%.

Promesas oficiales y realidades desmentidas

Uno de los ejes de la entrevista giró en torno a la comunicación difundida por el Ministerio de Capital Humano, que anunciaba un incremento del 7,5% para docentes y no docentes. Liquitay fue tajante: “Eso no es verdad”. El supuesto aumento se encuentra fraccionado en pequeños tramos que recién se terminarán de percibir en noviembre, mientras que desde mayo los salarios permanecieron congelados.

La sindicalista subrayó la incoherencia del anuncio: en julio la inflación alcanzó el 1,9%, mientras que la mejora salarial apenas llegó al 1,3%. A ello se sumó la polémica por el bono extraordinario de $25.000, que en la mayoría de los casos se reduce a montos de $12.000 o incluso $6.000, excluyendo a una amplia porción de trabajadores universitarios. “Una burla más”, definió la entrevistada a Mundo Laboral SJ.

La defensa del financiamiento universitario

Más allá de la recomposición salarial, los gremios y las federaciones estudiantiles pusieron el foco en la necesidad de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario. El temor a un eventual veto presidencial ya disparó la convocatoria a una marcha nacional en defensa de la universidad pública.

“Estamos viendo un ataque sistemático al sistema universitario”, advirtió Liquitay. Por ello, destacó la importancia de la unidad entre rectores, gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles para enfrentar lo que consideran un intento deliberado de vaciamiento.

Perspectivas y nuevas medidas

La estrategia gremial no se agotará en paros aislados. El plan de acción de CONADU, aprobado por más de 20 sindicatos de base que integran la federación, contempla jornadas de protesta semanales y rotativas de 48 horas. Las mismas, se llevarán a cabo los días 21, 22, 26 y 27 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Además de los paros, se realizarán asambleas y otras acciones en cada universidad para reforzar el reclamo, y se evalúan otras instancias de visibilización como clases públicas y actividades de concientización social. Todo, en camino hacia una marcha federal que busca replicar el eco de las grandes movilizaciones educativas del pasado.

El mensaje de fondo es claro: si no hay respuestas genuinas, la protesta se intensificará. La confrontación no parece tener un horizonte cercano de resolución y la comunidad académica se prepara para un conflicto prolongado.

El testimonio de Edith Liquitay expone el contraste entre los anuncios gubernamentales y la realidad cotidiana de miles de docentes y trabajadores universitarios. Mientras el Ejecutivo habla de incrementos, los gremios denuncian su carácter ficticio y advierten sobre una pérdida de poder adquisitivo que golpea directamente a la educación pública.

La pulseada trasciende lo salarial: se juega el futuro del sistema universitario argentino. La inminente marcha federal será un termómetro decisivo de hasta dónde llegará esta resistencia.