Crisis sanitaria por fentanilo contaminado: Médicos y familiares exigen la renuncia de Mario Lugones

Organizaciones del sector salud y familiares de víctimas de la crisis del fentanilo contaminado y la demora en la entrega de medicamentos oncológicos exigen la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, tras 157 muertes consideradas evitables.

En medio de dos graves tragedias sanitarias en Argentina, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y familiares de víctimas demandan la renuncia inmediata del ministro de Salud, Mario Lugones.

La primera crisis involucra el fentanilo contaminado producido por el laboratorio HLB Pharma Group, propiedad de Ariel García Furfaro, un empresario con antecedentes penales por intento de homicidio. Este episodio habría causado al menos 97 muertes, constituyendo uno de los incidentes más graves relacionados con medicamentos en la historia del país.

La segunda crisis se refiere a la demora en la entrega de fármacos oncológicos por parte de la disuelta Dirección de Ayudas Especiales (DADSE), lo que habría provocado más de 60 fallecimientos según denuncias de familiares.

Desde la cartera de Salud no se emitieron declaraciones oficiales sobre la crisis del fentanilo. En cambio, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, atribuyó la responsabilidad a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), proponiendo su disolución. Esta medida es cuestionada por especialistas, ya que implicaría eliminar el único organismo con capacidad de prevención en el área.

Fesprosa sostiene que el ministro Lugones, junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, priorizaron recortes y despidos en hospitales en detrimento de la atención de los pacientes. «Lugones ha acumulado destrucción y muerte sin que se le mueva un pelo. Debe dar un paso al costado», señalaron desde Fesprosa.

La exigencia de renuncia del ministro Lugones se acompaña del pedido de conformación de una comisión investigadora parlamentaria para establecer responsabilidades políticas y penales en ambos episodios. El Congreso aprobó un pedido de informes, pero los impulsores del reclamo sostienen que se necesita una comisión especial para esclarecer los hechos. La crisis sanitaria pone de relieve la tensión entre el Gobierno y el sector salud respecto a la gestión de la crisis y las políticas de desregulación propuestas.