Docentes universitarios profundizan su plan de lucha ante el desfinanciamiento y la pérdida salarial

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Jaime Barcelona, titular de ADICUS, ofreció un crudo diagnóstico de la situación que atraviesa el sector académico. Con el regreso a clases tras el receso invernal, las problemáticas de fondo no solo persisten, sino que se han intensificado: la pérdida salarial alcanza el 90% frente a la inflación, y desde hace casi un año el gobierno nacional no convoca a paritarias.

“La brecha entre inflación y aumentos salariales es abismal. Desde la asunción de este gobierno, hemos perdido el equivalente a siete salarios”, afirmó Barcelona. Esta situación, lejos de encontrar respuestas oficiales, se agrava semana a semana, y ha derivado en la radicalización del conflicto con medidas de fuerza que se profundizarán en los próximos días.

Paro nacional y acciones escalonadas

En ese marco, los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica definieron un nuevo cronograma de protestas. La semana del 11 de agosto se llevará adelante un paro total de actividades durante cinco días, seguido de paros rotativos de 48 horas durante las tres semanas siguientes, en los meses de agosto y septiembre.

La decisión responde a la falta total de diálogo con el Ejecutivo. “No somos convocados a paritarias desde septiembre del año pasado. El ajuste es por decreto, sin ninguna instancia de negociación. Eso vulnera nuestros derechos más básicos como trabajadores”, denunció el dirigente gremial.

Barcelona también alertó que muchos docentes están abandonando sus cargos en el ámbito universitario para migrar a otras actividades públicas o privadas donde los ingresos son más competitivos. “No se trata solo de salarios. Se trata de la supervivencia del sistema universitario”, señaló.

Ley de financiamiento universitario: una esperanza en el Congreso

Uno de los puntos de mayor expectativa para el sector es el tratamiento de la ley de financiamiento universitario, que tendrá lugar en la Cámara de Diputados este miércoles. La norma, que ya cuenta con apoyo de bloques opositores y sectores independientes, busca garantizar un piso mínimo de inversión para el sostenimiento del sistema de educación superior.

“Es un día clave. Esperamos que el Congreso la apruebe y que el gobierno no la vete. Esta ley es una salida a un conflicto que no deja de escalar”, afirmó Barcelona. La iniciativa contempla fondos actualizables para gastos de funcionamiento, infraestructura, becas y salarios, en un contexto donde muchas universidades enfrentan serias dificultades incluso para cubrir sus servicios básicos.

El ciclo académico, en riesgo

Lejos de funcionar con normalidad, el nuevo ciclo académico se encuentra empantanado, según definió el titular del gremio. La combinación de bajos sueldos, falta de recursos y ausencia de políticas de contención ha generado una creciente incertidumbre entre docentes, no docentes y estudiantes.

“Hay condiciones objetivas para sostener la lucha. El desfinanciamiento es brutal y la comunidad universitaria lo está resistiendo con dignidad. Pero la paciencia no es infinita. Si no hay respuesta política, esto va a seguir escalando”, concluyó Barcelona.