La Justicia frenó el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

El Juzgado Federal N°2 de San Martín aceptó el amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, contra el decreto de Javier Milei que ordena el cierre del organismo.

La decisión de la Justicia federal de San Martín de dar curso al recurso de amparo presentado por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, causó un gran impacto en la opinión pública. La medida busca frenar la disolución del organismo dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el decreto 461/2025. La presentación sostiene que la medida representa un retroceso peligroso en materia de seguridad vial y vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

En este sentido, el abogado Federico Paruolo, patrocinante de Martínez Carignano, argumentó que el decreto presidencial viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos. «Esto no es una reforma: es un retroceso brutal. La Justicia debe evitar el desastre», publicó Carignano en la red social X.

La ANSV fue creada con el objetivo de reducir la cantidad de muertes viales en el país. Desde su implementación, logró reducir un 30% las muertes por siniestros viales. Además, tenía presencia en las 23 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. La eliminación de la ANSV, según los críticos del decreto, dejaría desprotegida a la población frente a un flagelo que, año tras año, se cobra más de 5.000 vidas en el país.

Solo en la última semana de julio, al menos 10 personas fallecieron en distintos accidentes ocurridos en rutas de Río Negro y Santa Fe. En paralelo, el presidente de la Fundación Profesional para el Transporte, Sergio Ruppel, advirtió que las rutas argentinas están en «emergencia total», y cuestionó cualquier intento del Estado de abandonar sus responsabilidades en zonas con baja densidad poblacional. “Hay lugares donde el retorno de inversión no justifica la presencia privada, y el Estado no puede desentenderse”, sostuvo.