Gremios se unen para luchar por la supervivencia del INTA

Los gremios ATE y APINTA apelan a la vía judicial para intentar evitar el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por parte del gobierno nacional.

En un escenario de violenta desregulación estatal, los trabajadores del INTA decidieron recurrir a la justicia para solicitar que se declare inconstitucional la decisión de reformar el instituto y vender varios de sus activos. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) presentaron una petición judicial para que se «declaren inaplicables» las facultades delegadas por la Ley 27.742 y se declare la inconstitucionalidad de varios artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/2025.

Según la presentación, el DNU configura una desviación de poder que oculta la disolución, la desfederalización y el vaciamiento del INTA, lo que es expresamente vedado por el artículo 2 de la Ley 27.742. Los trabajadores solicitan que se disponga una medida cautelar que determine la suspensión provisoria de los efectos de los mencionados artículos del DNU y que se ordene al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que implique reubicaciones, cesantías, pases a disponibilidad, traslados, despidos, rescisiones o no renovaciones contractuales.

Los trabajadores consideran que el gobierno quiere sacar a remate 40 mil hectáreas rurales del INTA «para construir barrios cerrados, vender sus patentes de eventos tecnológicos, apropiarse de los recursos financieros que tienen en el Banco Nación, y generar despidos de científicos y técnicos que al Estado le costó décadas formar». La disolución del INTA es un hecho que está siendo denunciado por los sindicatos, que afirman que la ley bases prohibió la disolución del INTA, pero que el DNU 462/2025 lo convierte en una mera oficina interna de la Administración Pública Central.