La Justicia laboral pone límites al Gobierno y suspende el decreto que limita el derecho a huelga

En un nuevo revés judicial para el Ejecutivo de Javier Milei, la jueza Moira Fullana suspendió provisionalmente los artículos 2 y 3 del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, que buscaba limitar el derecho a huelga. La decisión reafirma la competencia de la Justicia laboral y cuestiona la vía elegida por el Gobierno para modificar derechos sindicales garantizados por la Constitución.

La Confederación General del Trabajo (CGT) había impugnado el DNU por considerar que la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto, sino únicamente a través de una ley sancionada por el Congreso. La central obrera argumentó que el decreto del Poder Ejecutivo contradice no solo la normativa nacional sino también la legislación internacional que protege la libertad sindical.

La jueza Fullana aceptó el amparo presentado por la CGT y rechazó el intento del Gobierno de trasladar la causa al fuero Contencioso Administrativo. En sintonía con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, ratificó que «no es sino la Justicia Nacional del Trabajo la que debe entender en una contienda en la que resulta inobjetable el contenido de derecho social».

La resolución de Fullana se enmarca en un escenario ya conocido para la actual administración. A fines de 2023, en las primeras semanas del mandato de Milei, el Poder Ejecutivo había intentado avanzar sobre el derecho a huelga mediante el DNU 70/2023, aún vigente. La estrategia del Gobierno vuelve a basarse en el uso de facultades delegadas para imponer cambios que, según los sindicatos y parte del Poder Judicial, requieren de tratamiento legislativo.

La magistrada sostuvo que el amparo resulta válido ya que se alega «un impedimento del ejercicio regular de los derechos emergentes de la libertad sindical». La jueza Fullana reconoció además la tutela del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el Gobierno, La jueza señaló que se trata de un intento similar al utilizado para defender el DNU 70/2023. La Casa Rosada afirmó que “la excepcionalidad, necesidad y urgencia que fundamentan el dictado del DNU 340/25 son cuestiones políticas no justiciables y que corresponde que el DNU sea sometido a revisión y control del Congreso Nacional”.