La CATT denunció las medidas de desregulación del Gobierno

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) repudió las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional en el sector de la Marina Mercante y en otras áreas de la actividad, y anunció que realizará un Plenario de secretarios generales, Consejo Directivo y delegados en el Salón Felipe Vallese de la CGT para debatir y decidir las acciones que van a llevar a cabo en defensa del derecho a huelga y la soberanía nacional.

La CATT, liderada por Juan Carlos Schmid, criticó duramente las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, argumentando que promueven la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, ponen en jaque la soberanía nacional, destruyen la industria nacional y amenazan gravemente el trabajo argentino. En particular, la Confederación se opuso a la desregulación de la Marina Mercante, que considera un sector estratégico para el desarrollo del país.

La CATT también criticó las medidas de desregulación en la industria aeronáutica nacional, impulsadas por la Secretaría de Transporte, argumentando que afectan directamente la seguridad operacional, debilitan los estándares que tanto ha costado alcanzar y facilitan el ingreso de operadores sin controles, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico argentino.

Además, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) expresó su solidaridad con los trabajadores de Vialidad Nacional, quienes atraviesan una crítica situación como consecuencia del desmantelamiento del organismo, el cierre de distritos, el congelamiento de obras públicas y el avance de la precarización laboral. La Confederación considera que esta ofensiva atenta no solo contra la fuente de trabajo, sino también contra la conectividad territorial y el desarrollo productivo del país.

La violación del derecho a huelga

La CATT también denunció la violación del derecho constitucional a huelga que enfrentan los trabajadores del transporte, argumentando que la restricción al ejercicio de este derecho no es tal, sino que constituye una prohibición de hecho, que se aplica de manera arbitraria, sin respetar las garantías mínimas ni los deberes legales del Estado. La Confederación considera que esta actitud configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en la Constitución Nacional y en el convenio 87 de la OIT.